Descripción

La implementación de política pública para el financiamiento de las ciudades, es una que ha sido probada su eficiencia, eficacia y rentabilidad social en países, particularmente en América del Sur.  En México, la Constitución ordena y faculta a municipios y estados a hacer uso de herramientas fiscales en la gestión de sus territorios para el crecimiento y desarrollo sustentable.  Por razones políticas y falta de conocimiento, los tres órdenes de gobierno, han dejado pasar muchos años de capturar parte de la valoración del suelo, que se genera en el proceso de crecimiento y las inversiones públicas; eso le ha provocado un vacío de recuperación a las ciudades, a los altos costos de expandirse e intentar sostenerse como hogar digno para sus ciudadanos.  La falta de inversión en planeación, servicios e infraestructura de las ciudades, ha generado atraso, rezago y marginación.

Este documento espero, sea claro para leerse y acompañarse en agendas de gobernadores entrantes que puedan tener el tiempo para diseñar, legislar, publicar, implementar, auditar y arrojar resultados positivos para el crecimiento ordenado de sus ciudades y territorio estatal.

El éxito de esto dependerá de la promoción y facilidades del ámbito federal, de la apertura de los gobiernos estatales en comprometerse a llevar a cabo una agenda legislativa que involucra cambios y adecuaciones a sus leyes que aseguren el marco jurídico y, finalmente, de la apertura de los municipios para la implementación y administración responsable y transparente de la captación de recursos y su aplicación exclusivamente para el desarrollo territorial y urbano.