Después de meses de diagnóstico, construcción técnica, armonización normativa, discusión y negociación legislativa, finalmente se publica la reforma.
Podría parecer que el trabajo terminó.
En realidad, apenas comienza una nueva etapa.
Una ley aprobada puede reconocer instrumentos, distribuir competencias y establecer nuevas posibilidades para financiar el desarrollo urbano. Pero mientras esas disposiciones no se conviertan en procedimientos, instituciones y decisiones cotidianas de gobierno, continuarán siendo solamente posibilidades escritas en el papel.
El verdadero desafío consiste en pasar de la reforma a la implementación.
La publicación no transforma automáticamente la realidad
Una reforma puede establecer que los municipios podrán utilizar instrumentos de captura de valor del suelo.
Pero inmediatamente aparecen nuevas preguntas:
¿Quién será responsable de operarlos?
¿Cómo se calcularán las contraprestaciones?
¿Qué dependencias deberán intervenir?
¿Dónde ingresarán los recursos?
¿Quién vigilará su utilización?
¿Cómo se garantizará que sean destinados al desarrollo de la ciudad?
¿Con qué información y sistemas se administrarán?
La ley puede establecer el qué.
La implementación debe resolver el cómo.
Convertir atribuciones en procedimientos
El siguiente paso consiste en traducir las nuevas disposiciones jurídicas en procesos administrativos concretos.
Reglamentos, manuales, criterios técnicos, procedimientos, formatos, sistemas de información y mecanismos de coordinación deberán alinearse con la reforma.
Cada dependencia necesita conocer claramente qué le corresponde hacer y en qué momento debe hacerlo.
Desarrollo urbano, hacienda, catastro, planeación, jurídico y las demás áreas involucradas no pueden continuar trabajando como estructuras independientes cuando el instrumento exige que actúen como partes de un mismo sistema.
Construir capacidad institucional
Implementar tampoco significa necesariamente crear nuevas dependencias o aumentar la estructura gubernamental.
Significa desarrollar las capacidades necesarias para operar la política pública.
Los equipos deben comprender los instrumentos, conocer sus responsabilidades y disponer de información confiable para tomar decisiones.
Por ello, la capacitación no es un complemento de la implementación.
Es parte de ella.
Una reforma sofisticada operada por instituciones que no conocen su funcionamiento corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
Los municipios deben estar preparados
En una estrategia estatal de financiamiento urbano, buena parte de los resultados finalmente deberán producirse en los municipios.
Son ellos quienes conocen el territorio, autorizan buena parte de las transformaciones urbanas, administran servicios y enfrentan directamente las necesidades de infraestructura.
Por eso, la implementación estatal debe acompañarse de asistencia técnica y fortalecimiento municipal.
No basta con otorgar facultades.
Hay que construir la capacidad para ejercerlas.
Transparencia desde el diseño
Cuando hablamos de recursos generados por la transformación del suelo, la transparencia debe formar parte del sistema desde el principio.
Debe existir claridad sobre cuánto se genera, cómo se calcula, dónde ingresa y para qué puede utilizarse.
Los recursos obtenidos mediante estos instrumentos deben tener destinos definidos y mecanismos que permitan conocer su aplicación.
La confianza pública no se construye únicamente explicando el instrumento.
Se construye demostrando qué ocurrió con los recursos que produjo.
Comenzar, medir y corregir
Ninguna política pública compleja nace perfecta.
Por eso resulta conveniente implementar gradualmente, observar resultados, identificar dificultades y realizar ajustes.
Los primeros casos permiten comprobar si los procedimientos funcionan, si las instituciones pueden coordinarlos y si las reglas diseñadas producen los efectos esperados.
Implementar también significa aprender.
Y aprender significa tener la capacidad de corregir.
Evaluar resultados, no solamente recaudar
El éxito de los instrumentos de captura de valor no debe medirse exclusivamente por cuánto dinero producen.
La pregunta verdaderamente importante es:
¿Qué hizo la ciudad con esos recursos?
¿Se construyó infraestructura?
¿Mejoró la movilidad?
¿Se fortalecieron los servicios?
¿Se recuperaron espacios públicos?
¿Se orientó mejor el crecimiento urbano?
El financiamiento no es el objetivo final.
Es el medio para construir mejores ciudades.
Una política pública que sobreviva a los gobiernos
Finalmente, una buena implementación debe buscar algo más que resultados durante una administración.
Debe construir instituciones, procedimientos y mecanismos suficientemente sólidos para permanecer más allá de los cambios políticos.
Cuando una política pública deja de depender de las personas que la impulsaron y comienza a formar parte de la operación ordinaria del gobierno, podemos hablar de institucionalización.
Ahí se completa verdaderamente el recorrido.
Reflexión final
Aprobar una reforma crea una posibilidad.
Implementarla convierte esa posibilidad en capacidad de gobierno.
Y solamente cuando esa capacidad produce infraestructura, servicios, planeación y mejores condiciones urbanas podemos afirmar que la reforma comenzó realmente a transformar la ciudad.
