Las ciudades pueden contar con excelentes ideas, buenos equipos técnicos e incluso voluntad política para transformar su desarrollo urbano, sin embargo, si el marco jurídico no lo permite, cualquier esfuerzo terminará encontrando límites.  Por ello, antes de implementar instrumentos para el financiamiento urbano, es indispensable realizar un diagnóstico normativo.

¿Qué es un diagnóstico normativo?

    El diagnóstico normativo consiste en revisar de manera sistemática el conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones que regulan el desarrollo urbano, la hacienda municipal, el catastro y la administración pública; su propósito es identificar qué elementos ya existen, cuáles requieren fortalecerse y cuáles deben incorporarse para hacer posible la aplicación de nuevos instrumentos.

Más que revisar leyes, un buen diagnóstico no solo busca únicamente detectar vacíos legales, también permite evaluar:

• La congruencia entre distintas normas;
• Las competencias de cada nivel de gobierno;
• Los procedimientos administrativos existentes;
• Las oportunidades de armonización legislativa.

En otras palabras, permite conocer si el marco institucional está preparado para convertir una propuesta en una política pública viable.     El diagnóstico normativo facilita la elaboración de una agenda de reformas priorizadas. En lugar de modificar numerosas leyes al mismo tiempo, permite establecer una ruta gradual que reduzca riesgos, genere consensos y fortalezca la seguridad jurídica.  Las ciudades no necesitan reformar por reformar, necesitan conocer primero su marco jurídico para identificar qué cambios son realmente necesarios.  El diagnóstico normativo convierte la improvisación en planeación y ofrece una base sólida para construir instrumentos de financiamiento urbano con certeza jurídica. Antes de cambiar las leyes, debemos comprender cómo funcionan.