Podemos tener una Constitución adecuada, una buena Ley General, leyes estatales modernas e incluso buenos reglamentos y, aun así, lograr que un instrumento de financiamiento urbano no funcione. ¿Por qué? Porque no basta con que cada norma sea correcta por separado. Todas deben reconocer los mismos conceptos, respetar las mismas competencias y permitir que un procedimiento recorra el sistema jurídico completo sin encontrar contradicciones, vacíos o bloqueos. Eso es la armonización jurídica.

Tener todas las piezas no significa tener un sistema

En los capítulos anteriores construimos una arquitectura jurídica que va desde la Constitución hasta los reglamentos. Pero esas normas suelen haber sido elaboradas en momentos diferentes, por equipos distintos y respondiendo a necesidades también diferentes. El resultado puede ser que una ley permita algo que otra no reconoce; que desarrollo urbano autorice un procedimiento que hacienda no sabe cómo cobrar; que catastro determine valores con criterios incompatibles; o que un municipio reciba una facultad sin contar con el procedimiento necesario para ejercerla. Individualmente, las normas pueden parecer correctas. El problema aparece cuando intentamos hacerlas trabajar juntas.

La política pública atraviesa varias leyes

Los instrumentos de captura de valor del suelo no pertenecen exclusivamente a la legislación urbana. Para que puedan funcionar deben conectarse disposiciones de desarrollo urbano, hacienda, catastro, códigos fiscales, legislación municipal, planeación, registro público, valuación y reglamentación, entre otras. Por eso, modificar solamente una ley rara vez es suficiente. Cada reforma debe preguntarse qué efectos produce sobre las demás piezas del sistema.